Inició en la Cámara de Diputados el debate sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que mandó Andrés Manuel López Obrador desde abril pasado para, según él, hacer de México un país más democrático.
Su reforma consiste, esencialmente, en desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y sustituirlo por otro órgano electoral denominado por él como el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Prácticamente desde el inicio de su mandato desató una campaña feroz de desprestigio contra el INE, acusándolo de servir a los conservadores, de antidemocráticos, de decir, que los consejeros son corruptos. Dicha reforma plantea una serie de cambios y modificaciones en materia electoral, en otras palabras, dar un mayor control del ejecutivo sobre los procesos electorales, y un debilitamiento de los partidos políticos con miras a fortalecer al partido en el poder, Morena. Es decir, representa, en los hechos un retroceso en la vida democrática del país.
Como lo han resaltado varios analistas, con esa reforma se pretende hacer e implementar poco antes de las elecciones federales de 2024 -que, dicho sea de paso, nunca se había realizado una reforma electoral con tan poca antelación-, alguien, con justa razón, diría: ¡aquí hay gato encerrado! Y, ¿Por qué no esperarse a que pasen las elecciones del 2024, en donde habrá que elegir al nuevo presidente?
La razón es muy sencilla: AMLO, Morena y la 4T en el poder no quieren un órgano electoral como el INE, que ha demostrado la seriedad y responsabilidad en la organización y validación de todos los procesos electorales, y, sobre todo, ser autónomo en su labor; le estorba en otras palabras; lo que quiere es tener un órgano electoral que pueda manejar a su antojo y le sirva para seguir preservando y concentrando más y más el poder político. Y para muestra de lo anterior bastará con que analicemos dos cambios que me parecen de los más importantes en materia electoral que el mandatario pretende imponer por todos los medios a su alcance:
Primero. Desaparecer al INE, así como los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como los tribunales electorales locales. Se creará un nuevo órgano, el INEC, donde sus consejeros serían electos por el “voto popular”. Pero -¡mucho ojo!, aquí está la maniobra de AMLO- el presidente consejero y demás integrantes aspirantes serían propuestos, ¿adivine por quién?, por el propio presidente.
Es decir, que, en los hechos, quien dirija al nuevo órgano electoral tendría que responder a los dictados de AMLO, pues, es a éste a quien se “le debería el favor”. Perdería la autonomía, pues el presidente en turno tendría “las manos metidas hasta la cocina” en órgano encargado de los procesos electorales. Vea usted, amable lector, como si fuera un retroceso en la vida democrática de México. Como bien lo dijo Luis Carlos Ugalde -ex consejero presidente del entonces IFE- la reforma de AMLO es un retroceso de 70 años cuando las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación.
Segundo. La reforma electoral pretende debilitar a los partidos políticos de oposición, pues se plantea, con la mentada austeridad republicana, no sólo recortarles el presupuesto, sino solo asignarles recursos en los periodos de campaña. Está claro que se asfixiará financieramente a los partidos de oposición, mientras que el partido gobernante obtendrá recursos como ya lo sabemos que lo hace: del propio erario, y si no, ahí están las corcholatas en plena campaña, recorriendo el país como Claudia Sheinbaum, quien despilfarra los recursos públicos de la CDMX.
Estos son dos de los cambios antidemocráticos que propone López Obrador con su reforma electoral, dizque democrática, que no sólo busca conservar el poder político sino acrecentarlo. Vamos, sin lugar a dudas, en camino a una dictadura.
Por todo lo anterior, los mexicanos que deseamos un mejor país debemos impedir que desaparezca el INE y exigir un alto a la embestida rabiosa de AMLO contra este órgano autónomo que ha garantizado, hasta ahora la realización de elecciones democráticas. Que conste.
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