La clase dominante (léase los que detentan el poder económico y político) adopta, según su conveniencia, distintas formas de gobierno: democracia, monarquía, república, teocracia, dictadura, etcétera.
En México, por lo menos desde 1917, fecha desde que la actual Constitución Política nos ha regido, somos una “República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” (Art. 40).
En caso de que nuestra hipótesis se haga realidad y, en efecto, suframos la instauración de una dictadura militar (disfrazada de civil), tendríamos que tomarle la palabra a nuestra Carta Magna…
No obstante, desde que inició la actual administración morenista, se han venido dando hechos promovidos principalmente por el presidente que parecen acercarnos, de manera casi imperceptible, a un cambio en la forma de gobierno, no para bien de las masas trabajadoras, sino para hacer más férreo y eficaz el control de las mismas.
Por ejemplo, en el evento de conmemoración de la Batalla de Puebla no se invitó a los poderes de la unión, ni a Norma Piña (poder judicial), ni a Santiago Creel (poder legislativo).
En efecto, de manera poco disimulada, estamos llegando, poco a poco, a la instauración de una dictadura. Mencionaré, por falta de espacio, sólo algunas acciones implementadas por el mandatario morenista que apuntalan esta última afirmación:
El intento variado y permanente por desaparecer al INE, principal organismo para preservar nuestra débil democracia.
La cooptación, por cualquier medio, de diputados y senadores para disponer, de manera total y absoluta, del poder legislativo.
Golpeteo y denostación constantes contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, la cual se ha distinguido, a diferencia de su antecesor, por su independencia con respecto al Ejecutivo.
La incursión, prácticamente en todos los ámbitos de la vida social, de los militares.
Pero en el caso de que nuestra hipótesis se haga realidad y, en efecto, suframos la instauración de una dictadura militar (disfrazada de civil), tendríamos que tomarle la palabra a nuestra Carta Magna, que al final del Art. 39 dice:
“El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Sin embargo, para que este derecho no quede en letra muerta, es menester realizar una larga y disciplinada tarea, consistente en organizar y educar políticamente a los millones de trabajadores para que, más temprano que tarde, puedan actuar al unísono y de manera consciente, puedan adoptar, no sólo la forma de Gobierno, sino el sistema socioeconómico que más les convenga.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario