Durante la presentación de gastos que realizará el municipio de Mexicali, así como la aprobación de ingresos que se presenta, el golpe al pueblo cachanilla, va directo y con todo, así es, un impuesto más que se suma al predial que pagan los habitantes de este municipio, aunque no son los únicos, pues los otros municipios del estado, también tendrán aumento en sus impuestos y predial, pero en Mexicali suena hasta absurda la aprobación del impuesto de manera generalizada por el alumbrado público, mismo que había sido rechazado años atrás y que hoy Morena revive y lo pone en marcha.
Si bien, se eliminó la clasificación entre contribuyentes, estableciendo una cuota de 37 pesos mensuales por usuario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), existe la posibilidad de que el máximo tribunal del país vuelva a declarar inconstitucional el cobro, al no precisarse la tasa y tarifa, lo cual es violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. El cobro por el servicio eléctrico de 37 pesos mensuales resulta de la división del costo total para el municipio entre el número de usuarios; sin embargo, muchos de ellos carecen del servicio.
Aunque las estadísticas no especifican cuántas familias en el municipio capital, cuántas familias carecen de este servicio, aproximadamente cuatro de cada diez carecen de este servicio tan indispensable, esto se atenúa en la zona agrícola, donde las familias no cuentan con agua potable, drenaje, pavimentaciones y mucho menos alumbrado público, así lo han denunciado en reiteradas ocasiones las familias.
Y es que las políticas del gobierno que dijo “primero los pobres”, golpean cada vez con mayor intensidad al pueblo trabajador, existen figuras en la política estatal que quieren seguir alentando la famosa frase de “somos la transformación”, aquí en BC hay mucho por transformar, desde las políticas del gobierno estatal hasta las políticas para sacarle dinero al pueblo de los diferentes ayuntamientos.
Si tomamos en cuenta que muchas de las familias en el estado perdieron su trabajo, o que tienen un enfermo por la pandemia, la situación económica de nuestras familias se agrava, hoy le toca al pueblo denunciar esta arbitrariedad, pues pagar por un servicio que debiera ser obligación del gobierno es una violación a los mismos derechos.
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