La sociedad atraviesa por momentos difíciles, las contradicciones económicas políticas y sociales se agudizan y se realizan cambios políticos que necesariamente influyen en el desarrollo y desenvolvimiento de esas contradicciones cuyo origen se encuentra en la estructura económica y su evolución a través del tiempo.
En ese sentido, es de vital importancia estar atentos a lo que hacen los gobernantes, que necesariamente deben vigilarse, toda vez que sus cargos son temporales y los procesos de éstos están sujetos a los vaivenes de la política nacional y, en concreto, a los intereses de los grupos políticos al servicio del neoliberalismo.
Por ello, a riesgo de que se nos acuse a los antorchistas de señalamientos prematuros y de que no damos oportunidad a que se instalen las nuevas autoridades estatales, creemos necesario señalar nuestra genuina preocupación por algunos indicios que nos alertan de medidas que no se corresponden con lo que la sociedad oaxaqueña, cada vez más empobrecida y, por tanto, más irritada e inconforme, necesita en estos momentos.
Me refiero a la reforma a la Ley Orgánica del Ejecutivo Estatal que el Congreso local realizó el pasado 23 de noviembre, para crear la estructura de nuevas secretarías y de la nueva Jefatura de Gabinete con que la próxima administración estatal funcionará a partir del primero de diciembre del año en curso.
Los más de 200 conflictos intercomunitarios; los feminicidios y el alza de crímenes violentos; la falta de empleo y de apoyo a medianas, pequeñas y microempresas; la migración que se refleja por el aumento escandaloso de las remesas, lo que indica que miles de oaxaqueños están dejando su tierra por falta de trabajo, que va a hacer en ese sentido la secretaría de trabajo, si la empresa privada es la que genera empleos, las inversiones y los proyectos que se impulsen serán dirigidas hacia ese objetivo;
Tomado del portal de Noticieros 977 del viernes 25 de noviembre: en voz del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis Alfonso Silva Romo, los cambios aprobados tienen el propósito “de plasmar la visión de un gobierno popular que emana de la lucha social y que, por primera vez, con una perspectiva intercultural, se plantea la tarea de garantizar los derechos y la coexistencia de las diferentes visiones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Silva Romo señaló que la transformación del servicio público comienza con la redefinición de una administración pública que tendrá como objetivo principal el bienestar colectivo, “vamos por la transformación de las estructuras y la adopción de políticas públicas que le devuelvan a nuestros pueblos y comunidades su derecho al futuro”.
Estos cambios se suman a los recién hechos al nombre de las regiones de la cañada y la sierra norte, para supuestamente honrar a dos oaxaqueños ilustres cuyos hombres ahora por mandato constitucional son el nombre de las regiones en cuestión.
Ya se nota que hay una confusión en la comprensión de los actuales gobernantes de la relación que existe entre la estructura económica y la superestructura social, pues consideran que con el simple cambio de nombre se va a realizar una transformación de la vida pública primero y, de la problemática económica, política y social.
La 4T en general, pero en este caso en concreto, debe tener claro que el tiempo se le agota para demostrar que está realmente transformando nuestra sociedad, o que por lo menos tiene la firme intención de hacerlo. Porque después de cuatro años de Gobierno federal, lo único que hemos visto cambios cosméticos que con una improvisación han retrocedido en el funcionamiento medianamente aceptable de la administración pública, como lo demuestra por ejemplo, la crisis en la dotación de medicamentos que ha provocado graves trastornos a enfermos de cáncer, o, la política de abrazos no balazos que ha provocado el aumento escandaloso de los crímenes rebasando los muertos del gobierno de peña nieto en tan solo cuatro años del gobierno de Obrador y, el supuesto incremento de apoyos a los sectores pobres, pero que se han traducido en el aumento de cinco millones de pobres en lo que va de este sexenio.
Por ello, el señalamiento puntual es necesario por parte de la sociedad oaxaqueña que debe pedir no solo cambios de nombre, sino políticas serias que impulsen el verdadero desarrollo y el combate decidido a estos problemas como el desempleo, la violencia, la salud, entre otros, para lo cual se debió presentar primero un plan concreto, con alcances definidos, con designación de recursos para cumplir las metas que ahí se establezcan y que deben quedar claros a los ciudadanos. Esto no se hizo, pero estamos aun a tiempo de que se haga.
Pero si esto no se hace y no se demuestra en qué consiste la llamada primavera oaxaqueña, en qué avances concretos se espera traducir, no será más que una de sus manías de cambiar el nombre a las cosas y de creación y eliminación de dependencias para ocultar la demagogia sobre la que descansa su combate a la corrupción y a la pobreza.
Los oaxaqueños debemos estar alertas porque no son tiempos de mentiras ni de experimentos improvisados, la problemática que vivimos, nuestro derecho a recibir nuestros impuestos mediante obras y servicios, pero, sobre todo, la exigencia de que los polípticos hagan el trabajo para el que les pagamos, exigen resultados inmediatos, porque de buenas intenciones y de rollos sensacionalistas, está pavimentado el camino al infierno.
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