Hace unas semanas, con motivo de la campaña que el Gobierno federal ha promovido en contra del Movimiento Antorchista Nacional desde que tomó el poder, escribía algunas ideas que me resultaban preocupantes sobre la escala que iban tomando las agresiones (porque también se agrede con la palabra) en contra nuestra, al punto en que se estaban ejecutando, sin ningún fundamento legal, medidas punitivas en contra de líderes de nuestro movimiento sin ningún recato, como sucedió con el congelamiento arbitrario de cuentas bancarias de algunos negocios a su nombre, sin proceso legal de por medio.
Dos nuevos sucesos comprueban que el tono que, advertíamos, alcanzarían esas agresiones, ha llegado a la cumbre.En sólo una semana, hemos sido víctimas de persecución, secuestro y asesinato ante la complicidad de distintos niveles gubernamentales.Cito los ejemplos:
A estos hechos, alarmantes en sí mismos, se les suma la indolente apatía e indiferencia de los gobiernos involucrados, responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, tarea para la cual reciben de la sociedad recurso y poder para actuar.
En el caso de Santo Domingo Yosoñama, el presidente del Comisariado, Reynaldo Ventura Guzmán, declaró que junto con otros integrantes de su mesa, solicitaron de forma respetuosa al gobernador del estado, Mtro.Alejando Murat Hinojosa, se habilitara una base de operaciones mixtas de la policía estatal o de la guardia nacional en la zona, pues además de ser motivo de constantes conflictos violentos, habían identificado a gente extraña a la región.La petición no ha sido atendida, aun a pesar de los asesinatos.
En el segundo caso, el mismo día del hecho una comisión de antorchistas, encabezados por el dirigente estatal, ing.Samuel Aguirre Ochoa, se presentó en el palacio de gobierno para entregar un oficio urgente en el que exigían la inmediata búsqueda de los secuestrados, pues se contaba con las placas de taxis que varios vecinos identificaron como probables responsables de haber participado en la privación de la libertad de sus compañeros, además de pruebas de la posible participación del secretario de gobierno, éric Cisneros Burgos.Sin embargo, lejos de atender a los quejosos, la medida del gobernador veracruzano, cuya fama nacional lo coloca en el penúltimo lugar de aceptación por su pésima administración, respondió cerrando las puertas de las oficinas de gobierno para no recibirlos.
Estas acciones de omisión gubernamental representan un grave atentado contra la vida de los ciudadanos.En el primer caso, la dilación en la respuesta del gobierno oaxaqueño ya cobró la vida de tres campesinos inocentes; en el segundo, el peligro que corren los secuestrados es, peligrosamente, el mismo.Es por ello que los antorchistas iniciaremos una campaña nacional para exigir la pronta liberación con vida de nuestros compañeros.
En caso de no responder con la urgencia y eficacia que el caso amerita, por tratarse de vidas humanas y por estar ayudando con pruebas y datos que pueden facilitar la localización de los secuestrados, responsabilizamos al gobierno morenista del estado, Cuitláhuac García, de lo que pueda sucederle los antorchistas veracruzanos.Queden como precedente, los nombres y apellidos de todas las víctimas de estas agresiones en contra de nuestra organización, pues siempre hemos sostenido que en la lucha que emprendimos desde hace 46 años por combatir la injusta distribución de la riqueza social, los muertos, agredidos y víctimas siempre han sido de nuestras filas, a pesar de las injurias que se han lanzado en nuestra contra.Sea.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario