De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la desigualdad educativa en México rebasó en 2023 el promedio de la región latinoamericana y del mundo; se estimaba que alrededor de 34.8 millones de niños, niñas y jóvenes entre tres y dieciocho años, que deberían asistir a la educación obligatoria, enfrentaban obstáculos educativos y rezago. Además, se reportó que 3.8 millones de ellos sufrían la falta de más de tres servicios básicos, como aulas, luz eléctrica, agua potable, espacios deportivos o recreativos, salas de cómputo e incluso conectividad.
Chiapas sigue siendo la entidad donde el 52.1 % de la población de quince años no estudia el nivel medio superior porque no hay una escuela cercana a su hogar.
Pero, ¿cuánto ha cambiado esta situación? Especialistas aseguran que, aunque a nivel nacional la cifra ha disminuido solo un poco comparada con los datos del ciclo escolar pasado —cuando la deserción escolar superó el millón de estudiantes—, persiste el rezago en infraestructura, la falta de conectividad y el abandono a comunidades indígenas y rurales.
Chiapas sigue siendo la entidad donde el 52.1 % de la población de quince años no estudia el nivel medio superior porque no hay una escuela cercana a su hogar. Los siguientes dos ejemplos muestran esta realidad.
Por un lado, está el caso de una zona rural como San Antonio Tres Picos, en el municipio de Amatán, Chiapas, comunidad ubicada al norte del estado, a poco más de siete horas del centro. Desde hace más de catorce años se ha solicitado con urgencia la creación de una preparatoria que permita a más de una centena de estudiantes asistir diariamente a clases y culminar el nivel medio superior.
Aun cuando se les ha negado esa posibilidad, han buscado, mediante la organización comunitaria, mantener en funcionamiento una escuela con más de diez generaciones de egresados técnicos. Sin embargo, la autoridad no ha querido otorgar una clave oficial, lo cual impide acceder a programas estatales o federales para construir aulas, baños, introducir luz o agua potable y contratar maestros, entre otros servicios.
Por otro lado, en una zona metropolitana también se ha solicitado el reconocimiento de una preparatoria que enfrenta las mismas carencias. Aun así, ha permitido que más de 400 jóvenes de Chiapa de Corzo hayan terminado la preparatoria, y algunos pocos una carrera profesional.
Cabe recordar que, según el Inegi, sólo dos de cada diez jóvenes logran ingresar a la universidad; es decir, apenas el 20 % de la población estudiantil chiapaneca accede a la educación superior. No hay condiciones, y las desigualdades educativas impiden que los estudiantes puedan avanzar en su formación profesional.
En ambos casos, al no encontrar condiciones dignas en las aulas, los jóvenes abandonan las escuelas para ponerse a trabajar, especialmente al llegar a la secundaria y la preparatoria, ya que la mayoría logra completar la primaria. En la transición a los niveles superiores, apenas uno o dos alumnos continúan. Otros buscan emigrar a Estados Unidos para vender su fuerza de trabajo en jornadas exhaustivas y bajo condiciones precarias. Y otra parte de la juventud es arrastrada a los males del sistema: el alcohol, las drogas y hasta la delincuencia.
Por ello, es importante que, para cambiar la triste realidad de la educación, todos los jóvenes se unan a la lucha por alcanzar un sistema educativo más completo, incluyente e integral, donde ningún estudiante se quede sin estudiar, sin cultivarse y sin transformar sus conocimientos por falta de recursos económicos. Es un derecho constitucional recibir educación gratuita, pero también, todos los jóvenes, hijos de los trabajadores mexicanos, tenemos la obligación de estar mejor preparados para que, en un futuro no tan lejano, contribuyamos entre todos a resolver los problemas sociales de nuestro país.
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