En mis recientes escritos he estado señalando que no resolver las demandas de miles de oaxaqueños organizados en Antorcha, quienes desde hace años han estado esperando la solución a diversas demandas de obras y servicios, significaba condenarlos a sufrir con más agresividad los efectos de la crisis económica. Ahora sustento lo que entonces era un generalización de carácter un tanto secundario.
El gobierno podría atribuir a factores externos, como la “invasión” de Rusia a Ucrania, que hizo repuntar los básicos como trigo o cereales y energéticos como el gas, además de encarecer la cadena de suministros; sin embargo, México como país y, Oaxaca como entidad, ya mostraban un impulso alcista en sus precios, la inflación rebasó el umbral del 9% desde febrero del 2020 en que fue de 9.76 %, fecha en que se ha mantenido por arriba del 9%, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), (El Imparcial, mayo 13 del 2022). Según el mismo diario, en la entidad son más caros 17 de los 24 productos integrados al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), pues mientras en el país la inflación promedio es de 7.4%, en Oaxaca, llega al 9.8%.
Durante los próximos seis meses, los consumidores tendrán un precio de garantía en 24 productos de la canasta básica; El plan también implica un aumento en la producción de maíz, frijol y arroz; se ampliará de cuatro a nueve estados el plan de entrega gratuita de fertilizantes, con lo que se pretende aumentar en 2 millones de toneladas la producción en granos básicos, además de 800,000 toneladas con el programa Sembrando Vida; se contempla eliminar aranceles para la importación de sulfato de amonio, la importación de básicos e insumos (harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo, trigo) y la exención de la Carta Porte a los transportistas hasta el 1 de octubre y, de ser necesario, se prolongaría por otro periodo; también se prevé un aumento de la vigilancia en carreteras para evitar el robo de productos, no aumentar el cobro en cuotas en peajes, en la tarifa ferroviaria y se garantiza una reducción de costos y tiempos de despacho aduanal en los puertos marítimos.
El secretario de Hacienda explicó que si el Gobierno federal no hubiera tomado la decisión de subsidiar el incremento en el precio de los combustibles la inflación estaría en 10 por ciento. El gobierno de la 4T ha presumido un incremento histórico de 22% al minisalario para este 2022, dejando en 172 pesos 87 centavos.
En los pronósticos de crecimiento del PIB para este año y el que sigue, la inversión no muestra mejoría y se mantiene débil, destacando el pobre desempeño del gasto de inversión en construcción. Esta semana el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que el entorno político y de inseguridad en el país sigue generando “más inquietud que confianza”, en detrimento de la inversión y la actividad económica. Esa es la razón por la que los ejecutivos de finanzas del país advierten un escenario de estanflación, pues la actividad económica presenta un estancamiento, la inversión continúa deprimida y la inflación está en sus niveles más elevados en dos décadas.
Marcos Arias Novelo, analista económico de Monex explicó este fenómeno: “Los altos niveles de inflación en las entidades tienen que ver con el patrón de consumo en cada estado, que a partir de ello se van dando los movimientos en los precios de estas regiones. Por ejemplo, en Campeche y los estados de la Península, la falta de infraestructura y diferentes materias como la energética, tienen incrementos más marcados en estas regiones en comparación con otras”
David Ordaz: El procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, aseguró que se requieren 1,037 pesos para adquirir los productos de la canasta básica en la central de abastos de la Ciudad de México. Para ello, la Profeco analiza los precios máximos y mínimos de 23 productos básicos indispensables y de alto consumo. La cifra para cubrir la canasta básica es considerada suficiente para una familia mexicana de cuatro integrantes y para que los productos brinden una alimentación adecuada en un periodo específico de una semana. En un ejercicio realizado por este medio con datos de todas las centrales de abasto del país y tiendas de autoservicio se revisaron los 40 productos de la canasta básica y se desagregaron los 24 productos elegidos para el paquete contra la inflación y la carestía. La revisión realizada al 15 de mayo reveló que los 24 artículos de la canasta básica de la Profeco tienen un costo de 794.28 pesos, que multiplicados por cuatro semanas del mes, da un total de 3,177 pesos.
Total $2,716.77 por semana
Total $10,867.08 por mes
Actualmente, el salario mínimo es de 172.87 pesos diarios, que se convierten en 5,186.1 pesos mensuales. Así, a un empleado que gana el salario mínimo, no le alcanza para costear la canasta básica alimentaria y tendría que trabajar más de una doble jornada para lograrlo. Este ejercicio se hizo únicamente con la canasta alimentaria, sin embargo, a esto hay que agregar la canasta básica complementaria que consta de pago de agua, luz, gas, teléfono fijo o móvil, renta, salud, transporte, educación, ropa y entretenimiento.
Un estudio del “Programa Regional de Políticas Sociales en América Latina” (SOPLA, por sus siglas en alemán) en que la Fundación Konrad Adenauer, analiza la relación que hay entre la inversión en infraestructura y la reducción de la pobreza en 12 países del continente, entre los que se encuentra México, establece que la inversión física, influye de manera determinante en la reducción de la pobreza y la elevación del nivel de vida de los habitantes. Por un lado, la infraestructura en obras civiles como carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, etcétera, según el estudio, reduce la existencia de mercados aislados y a la vez, los costos de transacción de mercancías al mejorar la conectividad, lo que produce mayor crecimiento económico y, por ende, una reducción de la pobreza, al ser una importante fuente generadora de empleo tanto directo como indirecto. Además, como reduce los costos de transporte, disminuyen los precios de los bienes, en tanto que la inversión en obras de regadío, como embalses o canales, aumentan la productividad y fomenta la mano de obra agrícola, muchas veces ligada a sectores pobres; por otro lado, la infraestructura en servicios básicos, como agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, así como los servicios públicos de educación y salud, si bien no combate la pobreza en sí, mejora el nivel de vida de los sectores más pobres, además de que los mejores estándares en salubridad, generan reducción en las tasas de mortalidad y morbilidad de los sectores beneficiados, y por tanto, una caída en el largo plazo de la pobreza y una mayor sensación de equidad que reduce las tensiones sociales.
Eleva sustancialmente el nivel de vida de los ciudadanos y combate efectivamente la pobreza, al evitar que tengan que destinar gran parte de sus magros salarios para resolver esas necesidades que son obligación del gobierno, porque son bienes públicos. Y que el elevado gasto en que incurren para satisfacer esas necesidades, cuando el Estado no interviene suficientemente, va en detrimento de la adquisición de los artículos y servicios de como la alimentación, el vestido y el calzado o la educación y la atención de la salud.
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