Como dijo Carlos Marx "La historia de todas las sociedades que ha habido hasta el presente es la historia de las luchas de clases". Las manifestaciones de dicha lucha varían en las distintas etapas de desarrollo de la sociedad y de un lugar a otro. Una de las expresiones más notorias en el actual sistema mexicano es la planeación y repartición de los 6.1 billones de pesos que engloba el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La manera en que se distribuye esta parte de la riqueza nacional siempre ha respondido a los intereses de las clases poderosas que los gobernantes se encargan de salvaguardar.
La aprobación del PEF 2020 debió haberse realizado el día 15 de noviembre. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, argumentó que debido a las protestas en los alrededores de ésta, el presupuesto será definido el día 20. En realidad, los representantes del legislativo se han negado a escuchar la voluntad popular que pide que sus impuestos sean retribuidos en obras y servicios públicos; dicho sea de paso, estas obras beneficiarán no solo a los manifestantes, sino a muchas otras familias mexicanas. Por si fuera poco, el presidente declaró en su mañanera que estas organizaciones lo que piden es dinero, que quieren que las cosas sean como antes, pero que eso ya se acabó. Una reverenda mentira, puesto que los Antorchistas, están plantados fuera de la Cámara, porque realmente necesitan mejorar las condiciones de vida de sus familias con servicios básicos. Pero no están pidiendo dinero, ni mucho menos que el recurso de las obras sea administrado por la organización o sus líderes.
El presidente se presume heredero de los políticos revolucionarios de la historia mexicana. No obstante, la exagerada y acelerada concentración de poder en sus manos es contraria a lo que Morelos planteó en Sentimientos de la Nación: la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Otro de los aspectos contradictorios de este gobierno es la respuesta que el presidente de la Cámara, Mario Delgado, dio recientemente a los manifestantes: "hay voluntad, pero no hay recursos". Si este gobierno representa al pueblo ¿en qué se están priorizando entonces los recursos de México si no es en obras y servicios públicos?
Pareciera que lo único que se pretende con los programas de tranferencia monetaria, blanco principal del presupuesto federal desde que AMLO asumió la presidencia, es mantener contentos y agradecidos a ciertos sectores sociales, de manera que estén dispuestos a otorgar su voto en futuras elecciones al candidato que "les daba dinero". ¿Qué tanto puede mejorar una familia su casa y vecindario, las escuelas en las que se educan sus hijos, el nivel de educación que recibirán con $3,000 o $5,000 pesos mensuales? ¿Cuántas consultas y tratamientos podrán pagarse con dicha cantidad cuando las familias mexicanas y las enfermedades son grandes, así como los precios, van en aumento? Los programas de transferencia monetaria han estado vigentes por varios sexenios sin disminuir los niveles de pobreza. Desde su campaña en el 2006, AMLO usó como lema "Por el bien de todos, primero los pobres". Hasta ahora, estas palabras han quedado en el viento y el papel.
En Veracruz las cosas no son distintas; para el 2019, se aprobó un presupuesto de 128 mil 361 millones 911 mil 179 pesos. De esto, sólo se destinaron 24 mil 235 millones 732 mil 978 pesos para los 212 municipios. Algo ya de por sí muy desproporcionado. La mayor parte de este presupuesto (104 mil millones de pesos en términos redondos) se quedó a nivel estatal para ser ejecutado, pero ¿qué hizo el Ing. Cuitláhuac García Jiménez con esos recursos?
Según el Tercer Informe Trimestral del Gasto Público de Veracruz, en lo ejercido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, hay un subejercicio de 40 mil 137 millones 393 mil 706 pesos. Es decir, no se ha aplicado un 40% y sólo queda un trimestre del año. Destaca que para inversión pública aprobaron 2 mil 799 millones y sólo han ejecutado 274 millones, hay subejercicio de 2 mil 524 millones. Menciona también el monto de las transferencias internas y asignaciones al sector público, otras provisiones, subsidios y subvenciones que son 14 mil 965 millones 789 mil 619 pesos de subejercicio, con todos estos recursos se pudieron atender muchas necesidades de los veracruzanos, pero no lo hizo el gobernador y su gabinete.
¿Qué truco y maniobra encierra esta actitud del gobierno veracruzano? Cumplido el plazo anual, los recursos no ejercidos se devolverán a la Federación o se irán a los bolsillos de los funcionarios (exactamente como pasaba en los sexenios anteriores) y los veracruzanos tendremos que pagar las consecuencias y continuar tan mal como hasta antes de la 4aT "transformación". Los antorchistas seguiremos exigiendo que el dinero del pueblo regrese a éste de manera que realmente mejore las condiciones de vida de los trabajadores y garantice un futuro próspero y humano para sus hijos.
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