Tras una serie de asesinatos, secuestros y quema de vehículos del transporte público que estuvo paralizado hasta una semana en Chilpancingo, Acapulco y Taxco, entre otros municipios, cuatro obispos de Guerrero —José de Jesús González Hernández, Dagoberto Sosa Arriaga, Leopoldo González y Joel Ocampo Gorostieta— participaron en la mediación y diálogo con líderes del crimen organizado, logrando un acuerdo para no atacarse mutuamente y delimitar sus territorios en el estado.
En el punto más álgido de la violencia, ante el miedo de la población por la parálisis del servicio público, la suspensión de clases y la inacción de autoridades de los tres niveles, los obispos de Chilpancingo, Tlapa de Comonfort, Acapulco y Ciudad Altamirano, decidieron intervenir, logrando lo que las autoridades no hicieron: una tregua.
La intervención de los obispos fue crucial para pacificar Guerrero, pero también la mediación de José Filiberto Velázquez Florencio, el Padre “Fili” fue importante para poner fin a la ola de violencia que afectaba Chilpancingo, municipio gobernado por Morena en sus tres niveles.
Tras el acuerdo de no violencia, las actividades empiezan a normalizarse en la capital del estado, donde aseguran que jamás habían vivido actos como los ocurridos durante casi diez días.
El Padre “Fili”, director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, fue víctima de un atentado en octubre del 2023 cuando salía de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, y considera que reunir a líderes del crimen organizado es un avance.
Incluso, en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo estar a favor de que obispos de Guerrero propongan una tregua para reducir la violencia en la entidad e insistió que el Gobierno debe hacer las acciones para recuperar la paz: “lo veo muy bien, creo que todos debemos construir la paz y desde luego, la responsabilidad de construir la paz es del Estado, eso debe quedar muy claro”.
Sólo el Gobierno del estado, en voz de su secretario general, Ludwig Marcial Reynoso, manifestó que las autoridades estatales no llevarían a cabo ninguna negociación con los grupos delictivos y que difícilmente la Iglesia podría resolver un tema de seguridad que corresponde al Estado.
En respuesta, el obispo de la diócesis Chilpancingo- Chilapa, José de Jesús González, pidió a las autoridades congruencia y decir la verdad, “es penoso que las calles estén llenas de integrantes del Ejército y se cometan crímenes con tanta facilidad”.
La tregua se tambaleó luego de que el pasado 21 de febrero se registrara un cruento enfrentamiento entre integrantes de bandas delincuenciales en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente del estado, con un saldo de diecisiete muertos, aunque oficialmente el Gobierno de la república reconoce doce.
Tras el acuerdo de no violencia, las actividades como la educación, el comercio y el transporte público empiezan a normalizarse en la capital del estado, donde se percibe una tensa calma porque los habitantes de Chilpancingo, aseguran, jamás habían vivido actos como los ocurridos durante casi diez días, en los que seis transportistas fueron asesinados, calcinados varios vehículos de transporte público, hubo cierre de negocios y suspensión de actividades escolares.
Continúa el miedo que paralizó Chilpancingo, donde se percibe una tensa calma de la población, que no renuncia a la ilusión de la tan anhelada paz. Para que esta paz no sea efímera, es necesario destacar que, cuando los gobiernos —en sus tres niveles— ejecutan proyectos de desarrollo en las comunidades, la población cancela los compromisos que puedan tener con grupos criminales, que ante la ausencia del Estado y opciones de empleo, les ofrecen actividades para poder sobrevivir.
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