Este 22 de agosto, el antorchismo bajacaliforniano tiene una cita muy importante en cada uno de los municipios donde tenemos presencia. Asistiremos a las oficinas de las sedes de la Secretaría de Gobierno del Estado para exigir atención a las demandas de vivienda que, desde el inicio de la administración de la gobernadora del estado, Marina Del Pilar Ávila Olmedo, se plantearon y que, a la fecha, no han recibido una respuesta favorable.
Esta situación ocurre en los municipios de Tijuana, Mexicali y Tecate, donde las familias que se agrupan como solicitantes de vivienda siguen esperando una respuesta por parte de la administración.
La vivienda es un derecho, y el Gobierno tiene la obligación de garantizarlo, pues las condiciones en las que se encuentra el pueblo son de miseria y pobreza.
Es la Oficialía Mayor quien ha detenido este proceso y a quien debemos exigir la entrega de terrenos para las familias que los han solicitado desde hace ya tres años. Sí, tres años son los que llevan las familias esperando tener un terreno de manera legal y bien sustentado por parte del Gobierno del estado.
Nuestra manifestación, como siempre ha sido, será pacífica y nutrida. Gritaremos a una sola voz que se cumpla lo que se marca en el artículo 4° de la Constitución Política, donde se señala el derecho a la vivienda.
Ojo, no queremos nada regalado; queremos que el Gobierno atienda esta demanda y promueva un programa de vivienda de interés social. Nuestra exigencia es legítima y tiene vigencia.
Es importante señalar que el Gobierno ha hecho poco o nada en relación con esta demanda. Algunos datos indican que, casi seis años después, la administración morenista únicamente construyó 763 mil 21 viviendas, según el reporte del Registro Único de Vivienda (RUV) de febrero pasado.
Además, el informe Avances y Resultados 2022 del PNV, difundido por la Sedatu en 2023, revela que en el medio rural solamente se construyeron 60 viviendas entre 2019 y 2022.
Sí, no hay vivienda, y aunque el Gobierno diga que trabaja para el pueblo, los intereses económicos prevalecen. Como los pobres no generan muchas ganancias, se ha visto poco interés en crear vivienda de interés social.
Contrario a lo que ocurre en materia de vivienda, se priorizan los grandes proyectos para los ricos. Así vemos cómo en BC se edifican grandes construcciones que beneficiarán solamente a los grandes empresarios.
Vemos cómo no se ha resuelto el tema de la regularización de la tenencia de la tierra en Tijuana y en muchos otros ejidos de Mexicali.
Todo esto nos demuestra que es necesario emprender esta lucha, que los antorchistas debemos ponernos a la cabeza y luchar por mejorar las condiciones de vida de todos los bajacalifornianos y de todos los mexicanos.
La vivienda es un derecho, y el Gobierno tiene la obligación de garantizarlo, pues las condiciones en las que se encuentra el pueblo son de miseria y pobreza. Nosotros, los antorchistas, debemos emprender esta lucha, porque luego será demasiado tarde.
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