México es un país de contrastes profundos, y quizás en ningún ámbito se manifiestan con tanta crudeza como en su sistema fiscal.
Mientras millones de trabajadores asalariados ven cómo, sin falta, se les descuenta de su nómina el Impuesto sobre la Renta; mientras miles de pequeñas y medianas empresas luchan por mantenerse a flote y cumplir rigurosamente con sus obligaciones tributarias.
Se ha construido un sistema donde la carga recae sobre los hombros más débiles, mientras los hombros más fuertes, aquellos que podrían sostenerla sin desequilibrarse, prácticamente no cargan peso alguno.
Mientras 130 millones de consumidores pagan a diario el Impuesto al Valor Agregado en cada producto y servicio, una élite minúscula navega en aguas de una privilegiada exención fiscal. Esta no es una percepción, es la radiografía de una desigualdad estructural y consentida.
Los datos son elocuentes y alarmantes: la riqueza conjunta de las cinco personas más acaudaladas del país aumentó en un 30 % en promedio desde el inicio de la actual administración; hablamos de fortunas que crecen a un ritmo de segundos, de ingresos anuales que se miden en miles de millones de dólares.
Diversos analistas han estimado que, con menos del 10 % de esos ingresos, el gobierno obtendría recursos más que suficientes para sanear unas finanzas públicas que hoy están en situación deficitaria. Sin embargo, persiste una resistencia férrea, desde las esferas del poder, a implementar una reforma fiscal progresiva genuina: aquella en la que efectivamente paguen más quienes más ganan.
La paradoja es amarga: la mayor parte de los ingresos tributarios del Estado mexicano proviene precisamente de los estratos más pobres y de la clase media trabajadora.
El Impuesto sobre la Renta que se retiene a los asalariados y el Impuesto al Valor Agregado, un impuesto regresivo que impacta proporcionalmente más a quien menos tiene, son los pilares de esta recaudación.
Se ha construido un sistema donde la carga recae sobre los hombros más débiles, mientras los hombros más fuertes, aquellos que podrían sostenerla sin desequilibrarse, prácticamente no cargan peso alguno.
Este desequilibrio fiscal se refleja y potencia en el mercado laboral. El reciente incremento en los niveles de ocupación, con la creación de más de un millón de empleos en un año, es una noticia que debe matizarse con urgencia.
La tasa de informalidad laboral escaló al 54.6 %. Más de la mitad de los trabajadores mexicanos carecen de seguridad social, prestaciones y la protección de un contrato formal. Sectores como el comercio y los servicios lideran este crecimiento precario.
ManpowerGroup señala que hay más personas trabajando sin prestaciones que en esquemas formales. Se genera empleo, sí, pero es un empleo que perpetúa la vulnerabilidad y limita la capacidad de construcción de un futuro digno.
¿Cómo explicar la negativa del Estado a corregir esta evidente injusticia tributaria? Las preguntas que surgen son incómodas, pero necesarias. ¿Es la clase empresarial tan poderosa que puede doblegar la voluntad del Estado? ¿Existe un pacto tácito, una consigna de no tocar a las grandes fortunas?
La historia reciente sugiere que sí hay una resistencia activa a modificar este statu quo. El gobierno ha descartado sistemáticamente la alternativa de una fiscalidad más justa para los súper ricos.
El argumento de siempre es el miedo a la fuga de capitales o al desincentivo de la inversión. Sin embargo, esto confunde voluntad con capacidad. Atraer inversiones, como bien se apunta, requiere certeza jurídica, claridad regulatoria y seguridad. Pero la certeza no puede significar impunidad fiscal.
Un país donde la riqueza extrema no contribuye de manera equitativa es un país que renuncia a su propio desarrollo. La verdadera certeza para la mayoría, para los millones de trabajadores y pequeñas empresas, sería saber que existen reglas equitativas y que el esfuerzo colectivo se traduce en servicios públicos de calidad, infraestructura y una red de protección social robusta.
El Estado, en última instancia, tiene la potestad de “acordar” las reglas del juego. Hasta ahora, ese acuerdo tácito ha sido desigual: se le exige rigor a la base de la pirámide mientras se negocia con la cúspide. La solución está en generar más empleo, y es cierto, pero debe ser empleo formal y digno.
Para ello, se requieren recursos que permitan incentivar la formalización, fortalecer la inspección laboral y crear políticas públicas ambiciosas. Esos recursos existen, están concentrados en unas cuantas manos.
México enfrenta una disyuntiva clara: puede continuar por el camino de la recaudación injusta, donde los pobres financian al Estado y la informalidad crece como síntoma de un modelo fallido, o puede atreverse a construir un pacto fiscal del siglo XXI.
Un pacto donde la progresividad sea real, donde las grandes fortunas contribuyan de acuerdo con su inmensa capacidad, y donde los recursos liberados se inviertan en cerrar las brechas de desigualdad, formalizar la economía y ofrecer verdaderas oportunidades para todos.
La equidad fiscal no es sólo un tema técnico de economía; es la piedra angular de la justicia social y la cohesión nacional.
Mientras se postergue esta discusión y se mantenga la consigna de no tocar a los más ricos, el país seguirá avanzando, sí, pero con un lastre inmenso de desigualdad que, tarde o temprano, amenazará la estabilidad y el bienestar de todos.
La pregunta no es si se puede, sino si hay voluntad política para hacerlo. El silencio y la inacción son, en sí mismos, una respuesta contundente.
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