La falta de infraestructura en México ha sido uno de los problemas históricos más complejos de abordar, y con la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al gobierno, este desafío ha adquirido nuevas dimensiones.
Si bien algunos defensores de la administración actual destacan avances en políticas sociales, la realidad es que la infraestructura crítica —como los servicios de salud, educación, comunicaciones y energía— ha mostrado deficiencias que impactan de manera desproporcionada a la población más vulnerable.
La desaparición del Seguro Popular y su sustitución por un sistema mal implementado, como el Insabi, dejó a millones sin la atención que solían recibir, afectando especialmente a aquellos en condiciones de pobreza extrema.
Desde 2018, el acceso a servicios básicos de salud se ha deteriorado drásticamente. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022 había 50.4 millones de mexicanos sin acceso adecuado a servicios de salud, un aumento alarmante desde los 20.1 millones registrados en 2018 (El País).
Este retroceso no solo se refleja en la cantidad, sino también en la calidad del servicio. La desaparición del Seguro Popular y su sustitución por un sistema mal implementado, como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dejó a millones sin la atención que solían recibir, lo que afectó especialmente a aquellos en condiciones de pobreza extrema (El Sol de Puebla).
La falta de infraestructura adecuada no sólo repercute en el sector salud. El acceso a una educación de calidad también ha mostrado rezagos significativos. Entre 2018 y 2022, el número de personas con rezago educativo aumentó, con más de un millón quinientos mil niños en edad escolar que abandonaron las aulas, la mayoría provenientes de familias de bajos recursos (El País). La falta de inversión y recursos en escuelas, así como la desigual distribución de oportunidades educativas, han dejado a estas comunidades atrapadas en un ciclo de pobreza.
La infraestructura física es otro punto débil. A pesar de que México tiene un potencial económico considerable debido a su posición geográfica, enfrenta serios problemas para atraer inversiones debido a su infraestructura deficiente.
Las carencias en carreteras, puertos, redes de energía y comunicaciones digitales limitan el crecimiento económico y afectan principalmente a las regiones más marginadas. Esto genera una mayor disparidad entre los centros urbanos y las áreas rurales, donde las oportunidades de empleo, transporte y servicios públicos son escasas (El Informador).
La falta de caminos adecuados y la precariedad en las redes de transporte dificultan el acceso de las comunidades rurales a mercados, atención médica y oportunidades laborales.
Los esfuerzos del gobierno de la 4T se han centrado en algunos programas sociales que buscan redistribuir la riqueza. Iniciativas como “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida” han intentado generar empleo y desarrollo sostenible, aunque su impacto real ha sido limitado por la falta de infraestructura de soporte que permita maximizar los beneficios de estos programas (El Sol de Puebla).
En un país donde la desigualdad es un problema estructural, la simple redistribución de recursos no es suficiente. Se requiere un esfuerzo integral para mejorar el acceso a servicios básicos, fortalecer el Estado de derecho y generar infraestructura que impulse el desarrollo económico y social.
Es evidente que México necesita un verdadero gobierno “del pueblo para el pueblo”, que actúe no sólo con buenas intenciones, sino con una visión clara y efectiva para mejorar la infraestructura y el acceso a servicios esenciales.
Sólo así será posible romper el ciclo de pobreza que afecta a millones de personas. Un enfoque real y comprometido debe garantizar que el progreso llegue a quienes más lo necesitan, mediante decisiones que trasciendan administraciones y respondan a los problemas más profundos del país.
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