Las instituciones jurídico políticas que forman el Estado mexicano, están organizadas de acuerdo con uno de los principios básicos de la llamada democracia representativa que es la denominada división de poderes, que podría describirse idealmente como una forma de organizar al Estado, agrupando y dividiendo sus funciones en tres esferas diferenciadas cuyo objetivo fundamental sería la limitación de la concentración personal (o de un pequeño grupo) del poder, propia de las monarquía o de la aristocracia.
Las tres partes en las cuales se divide el poder político de acuerdo a este sistema teórico, que nos enseñan desde el nivel básico de educación, son la del poder ejecutivo, que se encarga de administrar de manera directa al Estado a través de funcionarios como el Presidente, gobernadores, alcaldes, y sus secretarios y demás funcionarios; el poder legislativo, responsable de aprobar leyes o reformas a las mismas, conformado por el parlamento o congreso; y el poder judicial, que tiene a su cargo el ejercicio de la justicia en todos los niveles del Estado, siendo impartido por los tribunales compuestos por los jueces y magistrados. En apariencia estos poderes tienen autonomía e independencia.
Los antorchistas hemos aprendido en la lucha diaria y gracias a las enseñanzas de nuestros dirigentes que la mayoría de los anteriores planteamientos son ilusiones, son sólo teoría que trata de esconder el hecho de que el Estado está, en lo fundamental, al servicio de la clase acaudalada de este país; sin embargo, dentro de este marco legal de la llamada democracia representativa en México, el Movimiento Antorchista, producto de su lucha y de su fuerza de masas, así como de una dirección política valiente y visionaria, ha logrado trabajar dentro de este marco legal para demostrar que aun dentro de ese mismo marco se puede gobernar de otra manera, es decir, al servicio de los desamparados, de los más pobres del país, con muchas limitaciones y sin que esto sea suficiente es cierto, pero de tal manera que se ha ido cambiando las condiciones materiales de existencia de millones de mexicanos.
Esta afirmación se demuestra de una manera categórica, por ejemplo, en Tecomatlán y Huitzilan de Serdán, en el estado de Puebla; también en Chimalhuacán y últimamente en Ixtapaluca, en el Estado de México; del mismo modo que en los municipios potosinos de Santo Domingo, Villa Hidalgo, Armadillo de los Infante, Villa de Arriaga y Villa de Ramos; por citar algunos. Este tipo de municipios gobernados por antorchistas, que son auténticos líderes populares y que subieron al poder como verdaderos representantes del pueblo trabajador de sus respectivos lugares, no sólo se han puesto a trabajar con los pocos recursos que de por sí están asignados para cada una de sus demarcaciones; sino que se han convertido en gestores permanentes de más recursos, han organizado a sus pueblos para luchar junto con ellos para exigir lo que por derecho les corresponde y han encontrado un valioso y firme apoyo en los diputados federales antorchistas quienes, gracias a su liderazgo conquistado con trabajo diario, han logrado elevarse al parlamento del poder legislativo.
Los diputados federales antorchistas son una nueva estirpe de legisladores que no sólo se ocupan de levantar la mano y ocupar su curul, sino que trabajan incansablemente como gestores y también luchan al lado del pueblo para exigir al ejecutivo justicia, obras, programas, servicios para colonias y pueblos marginados.
Para este año 2016 los legisladores federales Juan Manuel Celis Aguirre, Telésforo García Carreón, Hersilia Córdova Morán, Edith Villa Trujillo, Marisela Serrano Hernández y Héctor Javier álvarez, con la lucha organizada de cientos de miles de mexicanos, lograron de la Secretaría de Hacienda la asignación de recursos para obras gestionadas por los antorchistas potosinos con las que se harán carreteras, escuelas, aguas potables, drenajes, electrificaciones, etc., en el territorio de San Luis Potosí, gracias también a la tenacidad y firmeza de Lenin Campos Córdova, dirigente estatal del antorchismo.
Esto demuestra, además, que la lucha de Antorcha vale la pena porque con ella nuestro Movimiento aporta al estado de San Luis Potosí recursos que, de no haber sido por las movilizaciones populares de los antorchistas, en el mejor de los casos se quedarían en las arcas de la nación o en los bolsillos de algún funcionario abusivo. Antorcha, pues, también construye a San Luis Potosí. Esta parte de las actividades de Antorcha, de su lucha, revela que si bien es cierto que, en lo fundamental, el Estado sirve a los poderosos, con la lucha política organizada de cientos de miles de ciudadanos es posible arrancar la solución de importantes demandas para beneficio del pueblo.
Además, esta lucha de Antorcha va concientizando políticamente al pueblo; porque la gente se va convenciendo cada vez más que si con 1 millón y medio de organizados hemos logrado resolver grandes problemas sociales, ¿qué pasará cuando Antorcha sea una formidable fuerza organizada de 10 millones de mexicanos? Entonces el pueblo pobre, unido y organizado, con claridad y experiencia de cómo gobernar, será capaz de tomar el poder por la vía pacífica y democrática; y podrá gobernar no sólo unos cuantos municipios y contar con unos cuántos legisladores, sino gobernar a la nación entera para que se generen empleos para todos y salarios realmente remunerativos, una política impositiva justiciera en la que paguen más impuestos los más acaudalados y menos los débiles y desamparados, y para que el gasto público se destine efectivamente al desarrollo integral de ciudades, colonias y pueblos para lograr una vida digna para todos los mexicanos.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario