Hace al menos 60 años, los gobiernos de las sociedades más avanzadas comenzaron a preocuparse por el deterioro del medio ambiente derivado del desarrollo industrial. El objetivo principal de los dueños de los medios de producción ha sido siempre obtener la mayor tasa de ganancia posible, sin importar que, para lograrlo, sus acciones contribuyan al deterioro de las condiciones naturales del planeta. Este comportamiento, guiado por la avaricia y la negligencia, ha tenido consecuencias catastróficas para el medio ambiente y, en última instancia, para la humanidad misma.
Mucho se ha hablado de la educación ambiental que los países deben impartir para promover la conciencia, el respeto y la conservación del medio ambiente. En México, que siempre sigue las teorías generadas en países avanzados, también se aborda el tema ecológico en los libros de texto gratuitos de educación básica y en los planes de estudio de la educación media superior. Sin embargo, este enfoque, aunque bien intencionado, es insuficiente si no se acompaña de acciones concretas y efectivas por parte de todos los sectores de la sociedad.
La falta de voluntad política y empresarial para abordar seriamente la gestión de residuos es un claro ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden fracasar sin una implementación adecuada.
Los planteamientos sobre el cuidado del medio ambiente en México son tan básicos, y los gobiernos y la iniciativa privada no invierten en maquinaria para hacer realidad este objetivo, que poco o nada repercuten en la protección de los recursos naturales del planeta. Por ejemplo, desde hace al menos 30 años, el sistema educativo nacional ha insistido en que la población se eduque en la diferenciación de desechos orgánicos e inorgánicos y su colocación en los contenedores correspondientes. Ahora, tanto niños como jóvenes y adultos lo hacen, pero prácticamente sin resultados tangibles. Cuando los desechos llegan al lugar donde deben ser procesados, ni los gobiernos ni la iniciativa privada invierten en maquinaria especializada, por lo que los desechos ya no se diferencian y terminan mezclados, perpetuando la contaminación en los tiraderos a cielo abierto a lo largo del país.
Además, es importante señalar que la gestión de residuos no se limita solo a la correcta clasificación de los desechos. Se necesita una infraestructura robusta y tecnología avanzada para el tratamiento y reciclaje de estos materiales. Sin una inversión adecuada en estas áreas, todos los esfuerzos de clasificación realizados por los ciudadanos se vuelven inútiles. En este sentido, la falta de voluntad política y empresarial para abordar seriamente la gestión de residuos es un claro ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden fracasar sin una implementación adecuada.
Todos condenan la tala de árboles, especialmente la clandestina, porque quita pulmones a comunidades y ciudades, daña la flora y fauna, y la relación entre seres humanos y medio ambiente. Esto provoca sequías, altas temperaturas, tormentas e inundaciones, como estamos sufriendo actualmente. No obstante, esto poco importa a los grandes fabricantes de madera, tinta y papel, que trabajan arduamente para enriquecerse con la venta de sus productos, incluso en la era digital, lo cual también perjudica la producción de oxígeno vital para el ser humano.
La sobreexplotación de los mantos acuíferos (más del 40% en México están sobreexplotados) y las terribles sequías que afectan gran parte del territorio nacional son consecuencia del uso irracional por parte de la industria refresquera, cervecera, de bebidas energizantes, hoteles, restaurantes, petroquímica y también por los millones de seres humanos que requieren el vital líquido. Ante esto, los gobiernos no ofrecen alternativas. ¿Acaso la 4T ha puesto fin a estos problemas o simplemente los ignora y entrega apoyos directos para mantener encantada a la mayoría de los mexicanos? La respuesta es obvia: el gobierno de López Obrador y la 4T no han hecho nada para resolver los grandes problemas ambientales que sufre México. Los 5 mil 400 incendios forestales del último año, que han consumido 500 mil hectáreas, no solo afectan la flora, fauna y el ecosistema, sino que también disminuyen la producción agrícola y ganadera, aumentando los costos y precios de los alimentos.
Ante esto, el gobierno de la 4T recortó el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en un 50%, reduciendo la capacidad oficial para atender siniestros, como los miles de incendios que ahora deben ser sofocados por los mismos pobladores, quienes arriesgan sus vidas sin la capacitación ni el equipo necesario. Lamentablemente, los gobiernos municipales, estatales y federales solo observan los esfuerzos de los pobladores para apagar el fuego que consume sus tierras. Por ejemplo, en Chalco, Estado de México, el fuego consumió 30 hectáreas del ejido San Martín debido a las altas temperaturas. Hasta el 5 de abril, en el Edomex se presentaron 625 incendios forestales que consumieron más de 15 mil hectáreas de vegetación, en lugares como Cahuacán, Nicolás Romero; Santa Catarina, Chalco; Zacango, Villa Guerrero; Santa Rosa de Lima, El Oro y Bienes Comunales de Timilpan.
Es cierto que la burguesía ha enseñado a la humanidad a producir para satisfacer sus necesidades, pero también ha causado incendios, sequías, escasez de agua, inundaciones y el agotamiento de los recursos naturales no renovables, provocando desequilibrios en los ecosistemas y altas temperaturas que han llegado hasta los 50 grados en algunas zonas del país. Estos efectos se sienten de manera aguda en las comunidades más vulnerables, que carecen de los recursos necesarios para adaptarse a estas condiciones extremas. Por ejemplo, las comunidades rurales que dependen de la agricultura se enfrentan a pérdidas de cosechas debido a las sequías, lo que agrava la inseguridad alimentaria y la pobreza.
Aunque esta situación era previsible, el gobierno federal ha permitido que la industria actúe libremente, sin considerar la política ambiental del desarrollo industrial regida por la ONU y otros organismos internacionales. Por ello, tenemos un país contaminado y sin suficiente agua para satisfacer a todos los mexicanos. Por ejemplo, la crisis del sistema Cutzamala está dejando sin agua a millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México. En muchas ocasiones, solo se les informa de la restricción del líquido, y con eso quedan contentos los gobernantes que dicen "primero los pobres", pero que no quieren afectar a los industriales nacionales y extranjeros operando en el país.
Es urgente que los tres órdenes de gobierno se involucren en la atención y prevención de los incendios forestales y en el cuidado del medio ambiente en general. Esto requiere no solo un cambio de políticas, sino también una transformación cultural en la forma en que percibimos y valoramos nuestro entorno natural. La implementación de programas educativos continuos y la promoción de prácticas sostenibles en todos los sectores de la sociedad son esenciales para mitigar los efectos del cambio climático.
Para que haya verdadera protección y respeto al medio ambiente y no haya emergencias ambientales, es necesario que México tenga un gobierno que realmente gobierne y vele por los intereses de todos los mexicanos, no solo de los industriales. Para lograrlo, debe ser un gobierno que planifique científicamente y genere estrategias para tener un ambiente sustentable en medio del desarrollo económico y social que requiere la humanidad. Esto implica invertir en tecnologías limpias, fomentar la investigación y el desarrollo en energías renovables, y establecer regulaciones estrictas que obliguen a las empresas a cumplir con normas ambientales.
La crisis climática que enfrenta México es el resultado de décadas de negligencia y falta de acción efectiva por parte de los gobiernos y las industrias. La situación actual exige una respuesta urgente y coordinada para proteger nuestro medio ambiente y asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Es imperativo que todos los sectores de la sociedad, desde los ciudadanos hasta los líderes empresariales y políticos, se comprometan a tomar medidas concretas y responsables para combatir el cambio climático y preservar nuestros recursos naturales. Solo así podremos garantizar un planeta habitable y próspero para todos.
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