Relata don Vicente Riva Palacio, connotado político y escritor mexicano, en su célebre obra Monja y casada, virgen y mártir, la desgraciada historia de don José de Abalabide, un noble y próspero comerciante que padeciera la envidia feroz de su vecino Manuel de la Sosa, también comerciante, pero menos afortunado que él.Al no poder vencerlo legalmente, ofreciendo buenos precios o mercancías de mejor calidad, sigue una estrategia efectiva, aunque ruin: decide acudir al Santo Oficio para acusar a Abalabide de herejía, en tiempos en que la "palabra de honor" del acusador era prueba irrefutable para proceder contra cualquiera.El Santo Oficio, como era su facultad, procedía sin notificación, sin juicio, sin desahogo de pruebas, sin presunción de inocencia, sin proceso, pero con poder absoluto, en contra de los acusados, para quienes no había alternativa alguna de defensa, ni siquiera el conocimiento de quién o quiénes estaban detrás de la denuncia.No importaba qué tan inocente fuera el imputado, el Santo Oficio se encargaría de hacerle confesar cualquier culpa.
Este procedimiento despótico y abusivo, propio de la Edad Media, se replica en nuestro país en pleno siglo XXI.En días recientes, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), declaró que la dependencia a su cargo, en colaboración con la Fiscalía del estado de Puebla había congelado varias cuentas de dirigentes de Antorcha.El lunes 23, en un comunicado de la misma dependencia, se señala (sin nombres) el manejo de montos arbitrarios en periodos de tiempo también arbitrarios de "líderes de una organización".Sin embargo, sospechosamente, diversos medios de comunicación hicieron noticia del comunicado agregando los nombres de los inculpados.¿Quién filtró esos nombres a los medios si el comunicado no los mencionaba? Solo un inocente no deduciría que la misma UIF les dio la información, siendo la única dependencia que cuenta con ella.
En su declaración, quizá sin proponérselo Nieto Castillo exhibe a la UIF del estado de Puebla como su colaboradora en la acción ejecutada.Queda claro entonces que, a petición del gobierno poblano, sin pruebas, sin proceso, sin presunción de inocencia y con todo el abuso que le da el poder, tal como lo hiciera el Santo Oficio, la UIF procedió acusando y enjuiciando públicamente al Movimiento Antorchista, sin más pruebas que la petición del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y sus ímpetus inquisidores.
Sobre este proceder arbitrario, a todas luces violatorio de lo que en derecho se conoce como el debido proceso, se debe aclarar lo siguiente:
1- El congelamiento de cuentas bancarias procede legalmente solo en dos casos: cuando otra Unidad Financiera del extranjero solicita dicha acción por sospecha de lavado de dinero; o cuando después de un proceso legal, agotadas todas las instancias, un juez determina que se deben congelar las cuentas de tal o cual acusado.Ninguno de los dos requisitos aplica en este caso. Los señalados y enjuiciados por los medios de comunicación, no han llevado ningún proceso y menos aún ha habido un requerimiento internacional por ningún motivo en contra suya.
2- El proceder arbitrario de la UIF es violatorio del artículo 16 de la Constitución, que a la letra dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento", así como: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales", pues no hubo ningún escrito que fundara legalmente la causa por la que se procedió a congelar las cuentas respectivas y se usó la palestra pública para declarar culpables a los imputados sin respetar la secrecía elemental de sus datos personales.
3- Para ningún antorchista es desconocido el origen de los recursos con que se han erigido todos y cada uno de los negocios que la organización ha creado legalmente, pues todos han participado en ellos y cada negocio ha sido presentado, ante los agremiados y públicamente, como el resultado de su esfuerzo y trabajo.
Lo que realmente no puede soportar el gobernador poblano es que a pesar del golpeteo con el que ha intentado desestabilizar al Movimiento Antorchista, por más intentos de minar el arraigo popular de dicha organización ante las elecciones del 2021, sin lograrlo, no ha tenido otra salida que recurrir al que cree efectivo, aunque ruin, tal como Manuel de la Sosa: recurrir a la UIF para promover el linchamiento público.Con lo que no cuenta el gobernador es precisamente con que el Movimiento Antorchista no es ni de lejos un individuo indefenso, sino una organización sólida que responderá, legalmente eso sí, con la coordinación de su colectivo humano, producto de 46 años de lucha, ante el embate de sus atacantes.Sea.
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